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domingo, 14 de junio de 2015

Avances significativos en la lucha contra el hambre en el mundo. Naciones Unidas anuncia cifras “esperanzadoras”, sin embargo todavía hay 800 millones de subalimentados.

Sergio Ferrari

El número de personas víctimas del hambre en el mundo cayó por debajo de la línea de los 800 millones, anunciaron esta última semana de mayo tres instituciones de las Naciones Unidas. El informe El Estado de la inseguridad alimentaria en el mundo, 2015, registra 795 millones de seres humanos que padecen hambre, es decir 216 millones menos que en el período 1990-1992. El documento ha sido elaborado por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura); por el Programa Alimentario Mundial (PAM) y por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), las tres instituciones del sistema onusiano especializadas en esta temática.

Progresos latinoamericanos

América Latina y el Caribe, según el documento que acaba de ser divulgado, avanzó significativamente en el combate contra la malnutrición al disminuir en el último cuarto de siglo a la mitad el porcentaje de personas sub alimentadas.

Los informantes destacan que esa región es la primera en el mundo que alcanza la meta relativa a la reducción del hambre establecida en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

A pesar de esta tendencia positiva, en febrero del año en curso el Programa Alimentario Mundial (PAM) había reconocido que 2 millones de habitantes de Centroamérica debían recibir ayuda alimentaria como consecuencia del impacto de una prolongada sequía que afectó la región. Guatemala y Honduras se vieron en ese momento obligadas a decretar un estado de emergencia en zonas rurales particularmente afectadas.

Ese cataclismo meteorológico implicó pérdidas de cosechas con la consiguiente reducción significativa de medios destinados a la salud y la educación por parte de las familias campesinas afectadas, muchas de las cuales debieron vender sus herramientas y animales y emigrar, incluso, de sus regiones originarias.

La situación planetaria
Según el documento de la ONU, en las regiones “en desarrollo”, la subalimentación – es decir el número de seres humanos privados de los alimentos indispensables para poder implementar una vida sana y activa- se redujo del 23.3% (cifra correspondiente al inicio de los años 90) a un 12.9%, en la actualidad.

Progreso particularmente positivo –según las Naciones Unidas - si se tiene en cuenta el marco mundial complejo que ha marcado las últimas décadas. En las cuales cataclismo ambientales extremos, inestabilidad política, e incluso conflictos internos y regionales han estado a la orden del día.

Si bien la tendencia global en la lucha contra el hambre ha sido positiva, 24 países africanos, es decir el doble que en los años 90, se confrontan en la actualidad a crisis alimentarias.

Una persona cada cinco vive actualmente en condiciones de crisis marcada por una “débil gobernabilidad” o bien una vulnerabilidad social aguda. Las tasas de hambre en los países víctimas de crisis prolongadas son tres veces más alto que las otras regiones, sostiene el Informe.

El estudio de la ONU comprueba que América Latina y el Caribe así como el este-y el sur-este asiático y algunos países africanos han realizado progresos rápidos en ese combate. Subrayando que dichos avances están íntimamente ligados a una real “voluntad política de convertir la lucha contra el hambre en un objetivo de desarrollo primordial”.

Mientras en América Latina y el Caribe los índices de personas que sufren de malnutrición cayó significativamente del 14.7% al 5.5%; en Asia la reducción ha sido más tibia (del 23.9 al 15.7%). En tanto el África subsahariana es la región que sigue padeciendo más de este flagelo que golpea a un 23 % de la población.

La FAO destaca los avances en Latinoamérica y el Caribe. Subrayando la importancia de los compromisos asumidos en la región a través de la iniciativa América latina y el Caribe sin Hambre, refrendada por todos los países en el 2005.

lunes, 11 de mayo de 2015

Más Lorca. La muerte del escritor encarnó una derrota de la humanidad

“Quien salva una vida salva al universo entero”. Esa frase del Talmud, que refulge en la Medalla de los Justos, también nos remite a un reverso: “Quien mata una vida mata al universo entero”. Ese es el estremecimiento que sentimos cada vez que se nombra a Federico García Lorca. Su obra es un cuerpo que alberga todas las vidas y su muerte encarnó una derrota de la humanidad. Ese crimen vuelve y vuelve a visitarnos, a sacudir la amnesia, a la manera en que la historia maltratada alienta bajo la superficie del presente. La última revelación, la del informe de la policía franquista de 1965, aclara la intencionalidad política del crimen de Granada, su carácter de “crimen de crímenes”, de metáfora genocida. No hubo muerte “accidental” de Lorca. Una tarea prioritaria de los escribas franquistas fue desalmar el lenguaje. El documento habla de “confesión”. Lo que eso significa: sufrió tormento. Lorca fue un eccehomo. En él mataban a todo lo que odiaban. A la heterodoxia, pero también a la tradición de la risa y la libertad del pueblo. A la belleza, a la verdad y al alma íntima de las palabras. En Poeta en Nueva York hay una profecía: “Cuando se hundieron las formas puras / bajo el cri cri de las margaritas / comprendí que me habían asesinado (...) Ya no me encontraron. ¿No me encontraron? No. No me encontraron”.
La ONU ha vuelto a denunciar al Estado español por desentenderse de sus obligaciones con las víctimas y desaparecidos del franquismo.
Este mes de mayo se entregará en Nueva York el Premio Alba (Abraham Lincoln Brigade Archives) a los voluntarios de la Memoria Histórica. Podrán seguir así por un tiempo las tareas de las que se inhibe la inmoralidad vigente.
Tal vez Lincoln encuentre a Lorca.
 9 MAY 2015 
http://elpais.com/elpais/2015/05/08/opinion/1431085045_630156.html
Naciones Unidas reclama a España juzgar las desapariciones del franquismo.

Aquí la canción por Leonard Cohen con la letra en inglés y español:

https://youtu.be/jWMOqVKHeSQ

Leonard Cohen compuso la música y la letra, adaptación en inglés, basándose en el poema “Pequeño vals vienés” de Federico García Lorca,

(after Lorca)
Now in Vienna there’s ten pretty women
There’s a shoulder where Death comes to cry
There’s a lobby with nine hundred windows
There’s a tree where the doves go to die
There’s a piece that was torn from the morning
And it hangs in the Gallery of Frost
Ay, Ay, Ay, Ay
Take this waltz, take this waltz
Take this waltz with the clamp on it’s
 jaws
Oh I want you, I want you, I want you
On a chair with a dead magazine
In the cave at the tip of the lily
In some hallways where love’s
never been
On a bed where the moon has been sweating
In a cry filled with footsteps and sand
Ay, Ay, Ay, Ay
Take this waltz, take this waltz
Take it’s broken waist in your hand
This waltz, this waltz, this waltz, this waltz
With it’s very own breath of brandy and Death
Dragging it’s tail in the sea
There’s a concert hall in Vienna
Where your mouth had a thousand reviews
There’s a bar where the boys have stopped talking
They’ve been sentenced to death by the blues
Ah, but who is it climbs to your picture
With a garland of freshly cut
 tears?
Ay, Ay, Ay, Ay
Take this waltz, take this waltz
Take this waltz it’s been dying
 for years
There’s an attic where children are playing
Where I’ve got to lie down with you soon
In a dream of Hungarian lanterns
In the mist of some sweet afternoon
And I’ll see what you’ve chained to your sorrow
All your sheep and your lilies of snow
Ay, Ay, Ay, Ay
Take this waltz, take this waltz
With it’s ‘I’ll never forget you, you know!’
This waltz, this waltz, this waltz, this waltz...
And I’ll dance with you in Vienna
I’ll be wearing a river’s disguise
The hyacinth wild on my shoulder,
My mouth on the dew of your thighs
And I’ll bury my soul in a scrapbook,
With the photographs there, and the moss
And I’ll yield to the flood of your
beauty
My cheap violin and my cross
And you’ll carry me down on your dancing
To the pools that you lift on your wrist
Oh my love, Oh my love
Take this waltz, take this waltz
It’s yours now. It’s all that there is
(basado en Lorca)
Ahora en Viena hay diez preciosas mujeres.
Hay un hombro sobre el que la muerte llora.
Hay un hall de entrada con novecientas ventanas.
Hay un árbol, al que las palomas van a morir.
Hay un trozo que fue separado de la mañana.
Y está colgado en la Galería del Hielo.
Ay, Ay, Ay, Ay
Toma este vals, toma este vals.
Toma este vals con la mordaza de sus mandíbulas.
Oh te quiero, te quiero, te quiero.
En una silla con una revista muerta.
En una cueva, con el trozo de un lirio.
En algunos pasillos donde el amor
nunca ha estado.
En una cama donde la Luna ha sudado.
En un sollozo lleno de pisadas y arena.
Ay, Ay, Ay, Ay
Toma este vals, toma este vals.
Toma su cintura rota en tu mano.
Este vals, este vals, este vals, este vals.
Con su aliento a brandy y a
muerte.
Arrastrando su sobra hacia el mar.
Hay una sala de conciertos en Viena
Donde tu boca fue mil veces comentada.
Hay un bar donde los chicos han dejado de hablar,
condenados a muerte por el blues.
Ah, pero ¿quién se sube a tu imagen
con una guirnalda de lágrimas recién cortadas?
Ay, Ay, Ay, Ay
Toma este vals, toma este vals.
Toma este vals que ha estado muriendo durante años.
Hay un ático donde los niños están jugando.
¿Dónde tendré que acostarme contigo?
En un sueño de linternas húngaras
entre la niebla de una dulce tarde.
Y veré lo que has encadenado a tu
desdicha
Todas tus ovejas y tus lirios de nieve.
Ay, Ay, Ay, Ay
Toma este vals, toma este vals.
Con su “yo nunca te olvidaré, ya sabes”.
Este vals, este vals, este vals, este vals…
Y bailaré contigo en Viena
Llevaré un disfraz de río.
El jacinto silvestre en mi hombro.
Mi boca en el rocío de tus muslos.
Y enterraré mi alma en un libro de recuerdos,
con las fotografías allí y el moho.
Y me rendiré ante la inundación de tu belleza.
Mi violín barato y mi cruz.
Y tú me llevarás hacia abajo con tu baile,
a las piscinas que levantas en tu muñeca.
Oh mi amor, oh mi amor.
Toma este vals, toma este vals.
Es tuyo ahora. Es todo lo que hay.

sábado, 4 de abril de 2015

Reprimenda de la ONU a España por no extraditar a cargos franquistas. Una juez argentina los reclama para interrogarlos por crímenes de lesa humanidad, pero el Gobierno alega que les ampara la ley de amnistía de 1977

La ONU vuelve a reprender a España por desatender a las víctimas del franquismo. Cuatro expertos de Naciones Unidas -el presidente del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas, Ariel Dulitzky; el relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias, Christof Heyns; el relator especial sobre la tortura, Juan E. Méndez, y el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia y la reparación, Pablo de Greiff- han redactado un duro comunicado contra la decisión del Gobierno español de no extraditar a Argentina a los 17 ex cargos franquistas a los que la juez Maria Servini de Cubría reclama para interrogar en Buenos Aires. La magistrada les imputa posibles crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

"La denegación de la extradición deja en profundo desamparo a las víctimas y a sus familiares, negando su derecho a la justicia y a la verdad", afirman los cuatro expertos. "Reconocemos que cabe entre las competencias del Estado español la posibilidad de denegar esa solicitud de extradición, pero si no extradita, el Estado tiene la obligación de garantizar, ante las jurisdicciones nacionales, el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos", añaden. Es decir, para la ONU, España debe enviar a esos 17 excargos franquistas a Argentina o juzgarlos en su territorio.

Los cuatro expertos rebaten, además, los argumentos presentados en el Consejo de Ministros para denegar la extradición de los 17 ex cargos franquistas, entre los que figura José Utrera Molina, suegro del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón. "Carecen de base, pues parecen ignorar y contradecir las normas y estándares internacionales de los derechos humanos. El Estado español no puede escudarse en los principios de prescipción y extinción de la responsabilidad penal [la ley de amnistía de 1977] para no extraditar o juzgar a los responsables de violaciones graves de derechos humanos. La tortura, las ejecuciones sumarias y la desaparición forzada pueden constituir crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles. Es decir, que no vence la obligación del Estado de investigar y sancionar a los responsables"...
http://politica.elpais.com/politica/2015/03/27/actualidad/1427485906_256091.html

MÁS INFORMACIÓN


(Foto: Botas de un fusilado cuyos restos fueron exhumados el verano pasado gracias a la donación de un sindicato noruego de electricistas. / ÓSCAR RODRÍGUEZ. Internet, El País)

viernes, 3 de abril de 2015

El Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas, según la ONU. Se reabre en Soria el único caso en marcha por desaparecidos en la Guerra Civil

Diso Press
El Juzgado número 1 de Almazán (Soria) ha reabierto el caso por los diez desaparecidos de Barcones durante la Guerra Civil española, y ha solicitado a la Guardia Civil que facilite las "órdenes puestas a disposición de Guardia Civil y Falange dadas por el comandante militar y se averigüe si fueron únicas, o bien si fueron sistemáticas". La reapertura de este caso por parte de la magistrada María Luisa García lo convierte en el único caso abierto en España por desaparecidos durante la Guerra Civil española. La asociación soriana Recuerdo y Dignidad hizo entrega el pasado día 16 de Marzo, en el juzgado de Almazán, un escrito que solicitaba la reapertura del caso, después de que el archivo de la causa se produjera por desconocerse los autores materiales, pese a estar demostrados los asesinatos. En dicha solicitud de reapertura del caso se adjuntaba la información procedente de la exhumación -realizada entre el 19 y 21 de Julio de 2013-, así como la obtenida de documentos de la época, incluyendo nombres de posibles cómplices o autores. En aquella exhumación, realizada por Recuerdo y Dignidad, se localizaron seis cuerpos, por lo que cuatro siguen todavía desaparecidos. Se trata de Arsenio Martínez, Tomás Cué, Antonio Lafuente y Fermín González, todos vecinos de Soria y miembros de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT).

Antes de llevar acabo aquellos trabajos, la citada asociación presentó la correspondiente denuncia en el juzgado de Almazán, solicitando la participación del juzgado en la exhumación, pero tras la apertura de diligencias, el 23 de octubre de 2013, se declaró el sobreseimiento provisional. La denuncia llegó hasta el Tribunal Constitucional, pero también fue desestimada.

España tiene la obligación de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas, según la ONU
Por otra parte, un grupo de expertos de la ONU pidieron este viernes en Ginebra que España "extradite a los responsables de violaciones graves de los Derechos Humanos" durante el franquismo "mientras no se tomen medidas para garantizar el acceso a la justicia" española de las víctimas.

El 13 de marzo, el Gobierno denegó la extradición de 17 ciudadanos españoles acusados por la justicia argentina de violaciones graves de los Derechos Humanos cometidas durante el régimen franquista.

"El Estado español está obligado a extraditar a los responsables de violaciones graves de los Derechos Humanos, mientras no se tomen medidas para garantizar el acceso a la justicia y el derecho a la verdad de las víctimas ante las instancias legales españolas", dijo el comunicado de los expertos. “La denegación de la extradición deja en profundo desamparo a las víctimas y a sus familiares, negando su derecho a la justicia y a la verdad”, añadieron.

Los expertos estuvieron en contacto con el Gobierno en relación con las extradiciones ordenadas en octubre de 2014, en el marco de la llamada 'querella argentina', en la que se investigan fusilamientos, torturas, robos de bebés y otros delitos.

"Reconocemos que cabe entre las competencias del Estado español la posibilidad de denegar esta solicitud de extradición", dijeron los expertos. "Pero si no extradita, el Estado tiene la obligación de garantizar, ante las jurisdicciones nacionales, el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones graves de los Derechos Humanos y el derecho a la verdad", agregaron.

El grupo está integrado por Ariel Dulitzky (Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias), Christof Heyns (Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales), Juan E. Méndez (Relator Especial sobre la tortura) y Pablo de Greiff (Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición).

viernes, 1 de agosto de 2014

Naciones Unidas, Grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas y Memoria histórica en España

El Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas de Naciones Unidas ha presentado un demoledor informe tras su visita a España el pasado septiembre, que concluye con una larga lista de recomendaciones para el Gobierno y la petición de que en un plazo de 90 días "presente un cronograma en el que se indiquen las medidas que se llevarán a cabo" para implementar sus peticiones y asistir a las víctimas del franquismo.

El informe recuerda que España está "obligada" por el derecho internacional y la Declaración sobre protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (que ratificó en 2010) a "asumir su responsabilidad" y elaborar "una política de Estado comprensiva, coherente y permanente" que permita a los familiares de los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura saber qué pasó con sus seres queridos y recuperar sus restos. "Dado el transcurso del tiempo desde que la mayor parte de las desapariciones forzadas comenzaron a ejecutarse y la edad muy avanzada de muchos testigos y familiares, es urgente que el Estado adopte como inmediata prioridad la búsqueda de la verdad y en particular sobre la suerte y el paradero de las personas desaparecidas", dice el informe.

El grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas ha enviado al Gobierno hasta 42 recomendaciones y manifiesta su disposición a "continuar el diálogo constructivo con el Estado español" al tiempo que ofrece su "asistencia" para que España cumpla con la declaración contra las desapariciones forzadas que ha ratificado. En conversación con EL PAÍS desde Texas, el autor del informe, Ariel Dulitzky, aseguró que la más importante y “urgente” de todas las recomendaciones es que “el Estado asuma su responsabilidad y elabore una política integral para dar verdad y justicia a las víctimas”. Preguntado por qué ocurrirá si el Gobierno español se excusa en la crisis económica para rechazar sus recomendaciones, Dulitzky responde: “Esto no es una cuestión económica, sino de voluntad política. Si se niega, seguiremos insistiendo, pero de momento tenemos esperanzas”.

Estas son las peticiones a España del grupo de trabajo de naciones unidas sobre desapariciones forzadas:
1. Desaparecidos. Un plan nacional de búsqueda. Como norma general, la ONU recomienda a España que proporcione "mayor apoyo institucional y financiero" a las asociaciones y familiares de las víctimas del franquismo y que cree una "entidad estatal dotada de suficientes recursos humanos, técnicos y financieros" que se encargue de "todas las cuestiones relativas a las desapariciones forzadas, incluyendo el establecimiento una base de datos central sobre desapariciones". Naciones Unidas pide al Gobierno que elabore un "plan nacional de búsqueda" de estas personas y que lo ponga en marcha "a la mayor brevedad posible". El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha hecho, hasta la fecha, todo lo contrario, ya que ha eliminado todas las partidas previstas en la ley de memoria histórica (derogada de facto) para ayudar a los familiares a localizar a las víctimas.

2. Jueces en las fosas. La ONU pide a España que asegure que "los responsables de la administración y procuración de justicia se personen en el momento de la ejecución de las exhumaciones y luego analicen los resultados que las mismas arrojan y actúen de acuerdo con ellos". Los familiares de víctimas del franquismo siempre denuncian ante el juzgado correspondiente la apertura de las fosas, es decir, el hallazgo de restos humanos con signos evidentes de muerte violenta (cráneos agujereados por el tiro de gracia, casquillos, balas...), pero los juzgados casi nunca contestan.

3. Justicia. Investigaciones "de oficio". Naciones Unidas recomienda "investigar de oficio y juzgar todas las desapariciones forzadas a la luz de las obligaciones internacionales, de manera exhaustiva e imparcial, independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de las mismas". Para ello, reclama "eliminar todos los obstáculos jurídicos de orden interno que puedan impedir tales investigaciones judiciales", como la ley de amnistía de 1977, el principal argumento esgrimido hasta ahora para no llevarlas a cabo. El único juez que abrió una investigación sobre los crímenes del franquismo, Baltasar Garzón, fue procesado por ello, acusado de prevaricación, y finalmente absuelto.La ONU propone a España "actualizar, depurar y poner a disposición del público" la base de datos que el magistrado elaboró desde su juzgado, el número 5 de la Audiencia Nacional, durante la frustrada investigación.

4. Símbolos. El Valle de los Caídos. La ONU pide a España que proporcione "los fondos adecuados" para que la ley de memoria histórica "pueda aplicarse" y que se cumplan, entre otros, los artículos relativos a la retirada de símbolos y vestigios del franquismo. En este sentido, el grupo de trabajo de Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas solicita al Gobierno que "vele por el respeto a la disposición de la ley que dispone la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura" . Y reclama, especialmente, la "implementación" de las recomendaciones de la comisión de expertos nombrada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que proponía retirar del Valle de los Caídos los restos del dictador Francisco Franco y convertir el lugar en un museo de la memoria similar al que acoge en la actualidad la Escuela de Mecánica de la Armada Argentina (ESMA).

5. Niños robados. Banco de ADN. La ONU propone a España "fortalecer los esfuerzos con miras a buscar e identificar a los niños y niñas que podrían haber sido víctimas de apropiación" y garantizar un banco nacional de ADN que integre "muestras genéticas de todos los casos denunciados".

6. Comisión de la verdad. El grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de la ONU propone a España que considere "la creación de una comisión de expertos independientes encargada de determinar la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura".

7. Justicia universal. Colaborar con Argentina. Naciones Unidas pide que las reformas legislativas relativas a jurisdicción universal no afecten a la investigación de casos de desaparición forzada y solicita a España, además, que colabore con los Estados que, en aplicación de ese principio, abran investigaciones sobre este tipo de delitos, como ha hecho la justicia argentina con los crímenes del franquismo.

Estas recomendaciones no son vinculantes. El Gobierno no está obligado a cumplirlas, pero sí ha de contestar a Naciones Unidas, explicarle qué va a hacer y qué no y motivar su decisión.
Fuente: El País.
http://politica.elpais.com/politica/2014/07/30/actualidad/1406721065_007140.html
Guillermina, a la ONU: “¡No dejen que me muera con esta pena!”. Familiares de desaparecidos de la Guerra Civil se reúnen con un relator de Naciones Unidas

sábado, 16 de noviembre de 2013

La ONU exige a España que elabore un plan nacional de búsqueda de desaparecidos durante el franquismo

El grupo de trabajo de Naciones Unidas da un tirón de orejas al estado español e insta a poner en marcha las medidas legislativas y judiciales necesarias para que las desapariciones forzadas "no sean crímenes sujetos a amnistía"

El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas de Naciones Unidas, que ha visitado España durante la última semana, ha dado un tirón de orejas al Estado español tras reunirse con distintas autoridades -representantes del Gobierno central y varias comunidades, el Poder Judicial y el Defensor del Pueblo -y con asociaciones de víctimas del franquismo.

El objetivo de su visita era examinar las principales iniciativas y políticas emprendidas por el Estado sobre cuestiones relativas a las  desapariciones forzadas o involuntarias, en particular los aspectos concernientes a la justicia, la verdad, la reparación y la memoria para las víctimas de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura.

En el informe preliminar aprobado por los dos miembros de este grupo de trabajo -Jasminka Dzumhur y Ariel Dulitzky- se constata que en España no se tiene en cuenta "el carácter de delito de lesa humanidad" en el caso de las desapariciones cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura. "Esta interpretación es contraria a las obligaciones internacionales de España y se recomienda su modificación", reza el texto.

En concreto, demandan al Estado crear un "plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas" que garantice la coordinación de las actividades de exhumación e identificación y actualización de los  Mapas de fosas desarrollados de acuerdo a Ley de Memoria Histórica. Recomiendan, asimismo, que responsables de la administración y la Justicia "se personen en el momento de las realizaciones de las exhumaciones y luego analicen y actúen sobre los resultados que las mismas arrojan".

"El Estado Español debería asumir el liderazgo y comprometerse de manera más activa y urgente para atender la demanda de miles de familiares que buscan conocer la suerte o el paradero de sus seres queridos desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura. Todas las iniciativas relativas a la búsqueda de desaparecidos tienen que ser parte de una política de Estado comprensiva, coherente, permanente, cooperativa y colaborativa", dice el informe preliminar.

De ese modo, instan "al Estado español a juzgar las desapariciones forzadas a la luz de sus obligaciones internacionales y a establecer legislativamente la imprescriptibilidad de las desapariciones forzadas o la determinación de que la prescripción solo puede comenzar a computarse a partir del cese de la desaparición forzada".

En paralelo, solicitan la puesta en marcha de medidas legislativas y judiciales, para asegurar que las desapariciones forzadas  "no sean crímenes sujetos a amnistía, en particular privando de todo efecto la Ley de Amnistía de 1977", como, según recalcan, ya han recomendado distintos organismos internacionales, y que supone un obstáculo para juzgar los crímenes del franquismo.

Asimismo, constatan que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2009  restringió "manera considerable la competencia de los tribunales españoles y la aplicación del principio de jurisdicción universal", en contraste con la legislación anterior. De hecho, subraya que antes de esa reforma España había realizado  España había realizado "importantísimas contribuciones al desarrollo de la jurisdicción universal" mediante por ejemplo la investigación de crímenes de las dictaduras latinoamericanas", lo que demuestra "la capacidad de la judicatura española de investigar seria y sancionar cabalmente las graves violaciones a los derechos humanos, incluidas las desapariciones forzadas".

Por ello, el grupo de trabajo llama a los tribunales españoles a asegurar que aquella reforma de 2009 "no obstaculice el ejercicio de su jurisdicción universal sobre actos de desaparición forzada". También anima a España a ratificar la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad y a incluir en el nuevo Código Penal como delito autónomo la "desaparición forzada".

En su informe también remarcan que, ante la "situación de impunidad de los responsables de desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y la dictadura", las víctimas españolas han "solicitado a los tribunales de Argentina ejercer la jurisdicción universal" y emplaza al Gobierno a "prestar todo el auxilio judicial en lo que respecta a cualquier procedimiento penal relativo a delitos de desaparición forzada que se lleve a cabo en cualquier país por casos de desapariciones forzadas en España". Para los expertos de la ONU, la avanzada edad de muchos de los familiares y testigos que vieron por última vez con vida a personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura hace necesario que el Estado actúe con "urgencia y celeridad" en esta materia.

Por último, el grupo de trabajo también llama al Estado a proporcionar los fondos adecuados para que la Ley de Memoria Histórica pueda aplicarse eficazmente, a abrir un proceso regular de consulta con los familiares y las asociaciones así como a proporcionarles un mayor apoyo institucional y financiero. Además, abogan por la creación de una entidad estatal "con pleno apoyo institucional" que se encargue de todas las cuestiones relativas a las desapariciones forzadas, incluyendo el establecimiento y la gestión de una base de datos central sobre las desapariciones con los datos que ya tienen distintas asociaciones y expertos.

En este punto, defienden que la base de datos elaborada por el Juzgado de Instrucción Penal número cinco -que en su momento ocupó el juez Baltasar Garzón que inició una investigación sobre los crímenes del franquismo contiene información sobre más de 114.000 victimas, "debería ponerse a disposición del publico de manera inmediata".
Fuente: Publico.es

jueves, 10 de octubre de 2013

España, el país de los 200.000 desaparecidos.

Representantes de la ONU califican de crímenes contra la humanidad tanto los enterramientos en fosas comunes de la guerra civil y el franquismo como el robo de niños prolongado hasta la democracia. Censuran al Gobierno español por poner obstáculos a las investigaciones y le conminan a buscar a los desaparecidos.

Rocío Borrego sólo quiere recuperar los restos de su madre, puesto que sabe bien que fue asesinada en 1936. Eduardo Raya sólo desea saber el paradero de su hija, puesto que está completamente seguro que sigue viva, desde que fue presuntamente robada en 1990. Entre ambos sucesos ha pasado medio siglo, pero los cubre el mismo manto de silencio e “impunidad”, según los representantes del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de Naciones Unidas que este mes de septiembre ha visitado diversas ciudades de España. Los afectados repiten insistentemente, con casi 200.000 víctimas, entre enterramientos ilegales en fosas comunes y niños robados, hoy son adultos con identidad falsa, España es, tras Camboya, el país del mundo donde permanecen más personas desaparecidas.

En 1940 la Causa General iniciada por el Ministerio de Justicia sobre el denominado terror rojo facilitó la recuperación de los cadáveres de casi la totalidad de las 38.000 víctimas de la represión en la retaguardia republicana durante la Guerra Civil. Sus familiares, salvo excepciones de falta de interés o deficiente localización, pudieron darles una sepultura digna, fueron honrados, su memoria recuperada y sus verdugos perseguidos o procesados. El Estado se implicó fuertemente en la labor de búsqueda e identificación, sirviéndose en muchos casos de las fotografías tomadas a tal efecto por el propio Gobierno republicano, que nunca llegó a legitimar la barbarie desatada durante parte de esos tres años por facciones de sindicatos y partidos de izquierda.

Setenta años después, todavía no ha ocurrido lo mismo con el franquismo, cuya represión fue cinco veces mayor en número debido a ser planificada por sus mandos y ejecutada sistemáticamente a partir de las órdenes de fusilamiento de cualquier desafecto al Movimiento decretadas por la Junta de Gobierno y la Junta Suprema Militar de Defensa de España en 1936. Desde entonces hasta ahora, de los 143.000 desaparecidos estimados por el ex juez Baltasar Garzón en 2008 sólo se han recuperado los cuerpos de unos 8.000. Pero cada vez que se abre una fosa se encuentran más cadáveres de los previstos, motivo por el que las estimaciones se acercan ya a los 180.000 desaparecidos, cifra que coincide con la aportada hace años por el historiador Paul Preston.

A ello hay que sumar unos 30.000 niños apartados forzosamente de presas y familias republicanas entre 1944 y 1954, como medida de “higiene” ideológica, y al menos otros 6.000 casos documentados por las asociaciones de bebés robados por motivos económicos durante el tardofranquismo y la primera mitad de la actual democracia. Casi todos siguen sin localizar, salvo varias decenas de reencuentros, facilitados por análisis de ADN practicados por los propios familiares, nunca por el Estado.

Rocío Borrego no pudo acudir a Sevilla el pasado mes para explicarle su caso a los representantes de la ONU, debido a su delicada salud. Lo hizo en su lugar su hija Florentina, quien relató que Ana Ricarda, de ideología socialista, regentaba una tienda de comestibles y ejercía como maestra particular y escribiente en la aldea cordobesa de Jauja. En noviembre de 1936 fue detenida por cuatro falangistas y un guardia civil al que ella misma había denunciado por amenazas unos años antes, y ya no se ha vuelto a saber de ella. A través de diversos testimonios han llegado a saber que permaneció varios días en un chalet, donde fue violada y torturada hasta que, ya moribunda y desfigurada, le dieron el tiro de gracia. Parece que un vecino encontró el cadáver junto al arroyo de La Coja y, al verle los pechos arrancados y el cuerpo destrozado, decidió enterrarla.

Su tienda y sus tierras fueron confiscadas, su madre rapada y purgada, su marido enloqueció y murió a los pocos años y sus cuatro hijos fueron presa del hambre y la miseria. Rocío ha acudido infructuosamente a los tribunales para buscar alguna reparación y la recuperación de los restos de su madre. En su auto, el ex juez Garzón lo señala como uno de los casos más “clamorosos” de “inseguridad jurídica para las víctimas”. Sin embargo, hasta el propio Tribunal Constitucional español ha desestimados sus recursos. “Yo no quiero juzgar a nadie, pero que nos dejen recuperar los restos”, clamaba Florentina en Sevilla, a la vez que se preguntaba: “¿Hasta cuándo? ¿Hasta que los tengan que sacar como a los íberos o los tartessos? ¿En qué país democrático se encarga la labor de hacer cumplir los derechos humanos a las víctimas, teniendo que trabajar en contra de la Administración? Es un desgaste emocional tremendo”, se lamenta.

Efectivamente, el grupo de trabajo de la ONU ha constatado que la Ley de Memoria Histórica de 2007 ha tenido un efecto muy escaso. Salvo algunas excepciones, como el Ayuntamiento de Málaga, que ha financiado la exhumación de la fosa común de su cementerio, recuperando los restos de 2.800 personas, en el resto del país prácticamente ningún municipio ha dado permiso siquiera a las familias para hacerlo y ningún juzgado ha ordenado la apertura de fosas. Ariel Duritzky, unos de los representantes de Naciones Unidas que ha visitado España, considera que el Gobierno español debe derogar la Ley de Aministía de 1997, por ser preconstitucional y constituir una “barrera a la investigación de graves violaciones de los derechos humanos”.

Así, en lugar de poner los “obstáculos” actuales, el Estado español debe ofrecer en su opinión mayor apoyo a las víctimas, crear una entidad para estudiar los casos, investigar las desapariciones forzadas a través de la judicatura, juzgarlas, retirar los símbolos del franquismo de los lugares públicos y “asumir un rol de liderazgo en la búsqueda de la verdad”. A juicio del experto de la ONU, “en el contexto de ataques generalizados a la población civil, como los que ocurrieron durante la guerra y la dictadura, las desapariciones forzadas adquieren carácter de crimen internacional, y por lo tanto deben considerarse imprescriptibles”.

Dulitzky y su compañera Jasminka Dzumhur no se sorprendieron cuando en su visita a Sevilla se les planteó que este crimen contra la humanidad también se habría prolongado hasta bien entrada la democracia. Hasta los años noventa en concreto, debido a que el robo de bebés por motivos económicos, tras haberlo practicado en un principio como represión política, también se habría realizado de forma “sistemática, generalizada y con aquiescencia de los poderes públicos” como un “ataque” por parte de un grupo de funcionarios del Estado contra parte de la población civil. Así lo expusieron el abogado granadino y también afectado Eduardo Raya junto a su esposa Gloria Rodríguez. Ellos siguen buscando a su hija, dada por muerta al nacer en el Hospital Clínico de Granada en 1990. Hasta siete análisis de laboratorios públicos y privados han dictaminado que el cadáver enterrado entonces no puede pertenecer a una hija suya, así como tampoco los restos de hígado aportados como prueba por los médicos para cerrar el caso. La Justicia hasta ahora no les ha ofrecido respuesta, pendiente de reabrir la investigación “a regañadientes”.

Raya tiene no obstante esperanza en el dictamen del grupo de trabajo de la ONU, que deberá ser elevado al Consejo de Derechos Humanos para su aprobación, así como que la Justicia argentina incluya también entre sus investigaciones el robo de niños por motivos políticos o económicos, tanto en la dictadura como en la democracia, al tratarse de una misma trama criminal. “Esto no es cosa de una monja aislada, como nos quieren hacer creer. Sor María sólo fue un instrumento de los que se llevaron el dinero”, asegura Raya.

Los métodos aplicados ilegalmente para el rapto y venta de bebés hasta los años noventa fueron en realidad ensayados de forma legal en los años cuarenta y cincuenta. El engaño, diciendo a las familias que el niño había muerto, la inscripción en el Registro Civil con distinto nombre y apellido y darla en adopción en una provincia distinta a la que nació, para dejar el menor rastro posible. Las hermanas María y Florencia Calvo, por ejemplo, fueron enviadas por sus padres a Francia para salvaguardarlas de la contienda en España, pero tras terminar la guerra las secuestró allí el servicio exterior de Falange Española y las devolvió a nuestro país. Al llegar en tren a Toledo, Florencia preguntó por su hermana, pero una monja le informó que María había muerto de unas fiebres, como tantos otros niños en el camino, y que su cuerpo lo habrían tirado por la ventanilla. En realidad no fue así, sino que fue dada en adopción. Sesenta años después, las dos hermanas se reencontraron gracias a un programa de televisión.

La Orden del Ministerio de Justicia de 30 de marzo de 1940 establecía que los hijos de presos políticos podían quedarse con sus madres sólo hasta los tres años, cumplidos los cuales debían ser excarcelados y adoptados por familias adeptas al Régimen, siguiendo las doctrinas del psiquiatra Antonio Vallejo-Nágera. La Ley de 4 de diciembre de 1941 facilitaba a su vez su inscripción en el Registro Civil con nuevos apellidos. Vicenta Flores Ruiz, hija de un militar republicano de Valencia, fue adoptada y devuelta al colegio de monjas donde permanecía interna hasta cuatro veces en un mismo año, cambiando en todas las ocasiones de apellidos. Y siempre lejos de Valencia, por familias de Zaragoza, Alemania, Madrid y Ciudad Real

El paso del robo de niños legal al ilegal se habría dado ya en la siguiente década, aprovechando esta estructura. Además de las entidades religiosas que tutelaban a los menores y los registros civiles de toda España, fue necesaria también la implicación de profesionales sanitarios, médicos y matronas que asistían los partos en las cárceles y, cada vez en mayor medida, en clínicas y hospitales. En 1950 Emilia Girón fue a dar a luz al hospital de Salamanca. Nada más nacer, le arrebataron al niño a la fuerza y nunca más supo de él. Emilia era hermana del maqui Manuel Girón, jefe de los guerrilleros del Bierzo. Era analfabeta y tenía mucho miedo. Quizás pensaron que nunca lo buscaría, pero sí lo hizo, aunque infructuosamente. “Con esa angustia estaré toda la vida, porque sé que lo parí y lo llevé dentro nueve meses, y no lo conocí siquiera”, declaraba Emilia cuarenta años después.

De esa misma época es una carta del capellán de la casa cuna de Sevilla en la que daba instrucciones para cambiar las partidas de bautismo de forma discreta en caso de adopciones irregulares, más allá de las forzosas a presos republicanos que sí permitía la ley. En muchas ocasiones, religiosos, médicos y registradores recibían regalos o donativos por parte de los padres adoptivos. Así, en los años cincuenta se habría producido la transición del robo por motivos políticos al móvil económico, práctica que se habría prolongado de forma sistemática hasta la década de los noventa y que hoy día, según la ONU, permanece impune. (foto de fusilados con las manos atadas con alambre en fosa de Málaga. El País)

Fuente: http://periodismohumano.com/sociedad/memoria/espana-el-pais-de-los-200-000-desaparecidos.html

Jueces para la Democracia critica la "inadmisible" actitud del Gobierno con las víctimas.

domingo, 6 de octubre de 2013

El gobierno de España se resiste a juzgar el franquismo. Dos enviados de la ONU piden al Estado que colabore con la justicia argentina. El Supremo y el Parlamento se oponen a dejar sin efecto la ley de amnistía



... Dos enviados de la ONU a España, un argentino y una bosnia, del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas, acaban de pedir al Gobierno que deje sin efecto la ley para juzgar aquí la desaparición de más de 114.000 españoles y 30.000 niños robados durante la Guerra Civil y la dictadura.

El grupo pide, además, que España ratifique la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Desde el Ministerio de Justicia prometen “estudiar con detenimiento” sus peticiones. Pero todas las iniciativas presentadas hasta ahora para atender a ese llamamiento, que ya en anteriores ocasiones había hecho la ONU, han sido sucesivamente rechazadas en el Congreso. La mayoría del Parlamento (PP y PSOE) rechaza tocar la ley.

Las 204 páginas que ha redactado la juez María Servini de Cubría para pedir la detención de los torturadores españoles, acusados de crímenes contra la humanidad, colocan a España en el mismo lugar que Garzón puso a Argentina en 1996. Es decir, obliga al Estado a tomar postura sobre un asunto que allí, en su día, se intentó zanjar con dos leyes (de obediencia debida y punto final) y aquí por dos vías: la administrativa (la ley de Memoria Histórica) y la judicial (la sentencia del Supremo sobre la causa de Garzón y el auto de marzo de 2012 que cerró la vía para la investigación penal de esos crímenes en España).

Allí, tras un largo y accidentado proceso, que incluyó medidas para impedir la colaboración con la justicia española, finalmente, optaron por derogar sus leyes de amnistía. “Cuando España pidió la extradición de ciudadanos argentinos por delitos cometidos en nuestro territorio en función del principio de justicia universal, los jueces nos encontramos en la disyuntiva entre enviarlos a que los juzgase una jurisdicción extranjera o juzgarlos nosotros”, recordaba a EL PAÍS, tras la muerte en prisión de Videla, Raúl Zaffaroni, uno de los siete juristas que anuló las leyes de amnistía argentinas. “En el primer caso, estaríamos dejando al país en la situación de una tribu y a todos sus ciudadanos en riesgo de ser procesados por cualquier país. La única solución era asumir la jurisdicción y juzgarlos conforme a nuestras leyes, por nuestros tribunales”.

Aquí, de momento, el Gobierno ha hecho todo lo que ha podido por desanimar a la juez argentina, y la justicia tampoco se ha dado prisa en complacerla. El fondo del asunto, como lo fue en otros países, es la ley de Amnistía. Argentina derogó las suyas con la llegada al poder de Néstor Kirchner. Chile y Guatemala la adaptaron de forma que se pudieran investigar las desapariciones forzadas de las víctimas. Perú tampoco aplica la suya. Brasil la mantiene.

Fue precisamente el auto por el que Garzón abrió, en 2008, una investigación sobre los crímenes del franquismo, el que resucitó el debate sobre la ley y provocó un juego de sillas entre partidarios y detractores de la norma: quienes con más ahínco la defendían en 1977 eran los que más empeño ponían tres décadas después en que se modificara o derogara y viceversa. Así, en 1977, era el diputado de Alianza Popular Antonio Carro quien se oponía a la ley: “No es buena medicina la amnistía. La única medicina que aplican las democracias más genuinas y consolidadas es una estricta aplicación de la ley”, decía. Y casi 36 años más tarde, el pasado 25 de septiembre, era el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), quien defendía en el Congreso la vigencia de la ley, tomando prestadas las palabras de un comunista, Marcelino Camacho: “La amnistía es una política nacional y democrática, la única consecuente que puede cerrar ese pasado de guerras civiles y cruzadas”. El suegro del ministro, José Utrera Molina, es, por cierto, una de las imputaciones que solicitan los querellantes. ¿Qué ha pasado en 36 años para que un diputado del PP termine parafraseando a un comunista precisamente para responder a otro, Cayo Lara, quien acababa de decir que “ninguna ley de amnistía puede ser utilizada como ley de punto final”? Estas son las distintas posiciones y argumentos.

Garzón: “No afecta a crímenes de lesa humanidad”.
El juez argumentó que los hechos denunciados por las víctimas del franquismo no entraban dentro de la ley de Amnistía porque esta norma amnistiaba “actos de intencionalidad política” y él, explicaba, estaba investigando crímenes contra la humanidad, que no prescriben. Garzón apoyaba su argumento en la jurisprudencia de tribunales internacionales (el especial para Sierra Leona, Estrasburgo, o la Corte Interamericana de Derechos Humanos).

El Supremo: “La ley de amnistía está vigente”.
El juez del Supremo Luciano Varela calificó de “imaginación creativa” la argumentación de Garzón y en abril de 2010 abrió un caso contra él por prevaricación. El alto tribunal terminó absolviéndole, pero en la misma sentencia quiso zanjar el debate jurídico sobre la ley de Amnistía y la posibilidad de juzgar el franquismo. La sentencia recordaba que la fiscalía calificó los hechos de “delitos comunes” y prescritos. Y argumentaba que, aunque en otros países existían los llamados “juicios de la verdad”, en España ese papel corresponde “a los historiadores”, no a los jueces, ya que solo es posible realizar una investigación cuando existe un responsable vivo. La ley de Amnistía, destacaban, “tuvo un evidente sentido de reconciliación” en la transición española, “tan alabada nacional e internacionalmente”, y “ningún juez puede cuestionar la legitimidad de ese proceso. Se trata de una ley vigente cuya eventual derogación correspondería, en exclusiva, al Parlamento”.

El Parlamento: la ley de amnistía no se toca.
El Congreso ha rechazado en varias ocasiones iniciativas para modificar la ley de forma que los crímenes del franquismo se puedan juzgar en España. El pasado septiembre, Ruiz-Gallardón recurría a Marcelino Camacho para justificar ante Cayo Lara la vigencia de la norma. Unos meses antes, en abril, el Gobierno respondía a otra pregunta parlamentaria de Gaspar Llamazares con la misma idea: “Ha sido un instrumento fundamental de reconciliación entre los españoles. El Tribunal Constitucional se ha manifestado a favor de la misma”.

El PSOE tampoco es partidario de tocarla.
“Fue una ley necesaria y no creemos conveniente revertirla”, explica a EL PAÍS Ramón Jáuregui, exministro del segundo Gobierno de Zapatero. “Comprendemos los sentimientos. Estamos mucho más cerca de los torturados que de los torturadores, pero seguimos convencidos de que la ley estuvo bien hecha. Algunos perdonamos mucho más que otros, pero el perdón fue colectivo. Y esa decisión es la base de una convivencia reconciliada”. Preguntado por la posibilidad de que el franquismo se juzgue en Argentina, responde: “Yo acepto la justicia universal, pero creo que siempre tiene que ser sometida a los criterios de la soberanía popular. El proceso argentino está cargado de buenas intenciones, pero en España decidimos hace mucho tiempo que no nos íbamos a pasar factura de lo que hicimos antes de 1976”.

Gaspar Llamazares, por lado, insiste: “No hace falta derogar la ley, basta con modificarla para impedir cualquier interpretación de impunidad de los crímenes del franquismo. Si no, haremos el mismo papel que hizo Chile con Pinochet. Sería una vergüenza que el franquismo se termine juzgando en Argentina. Demostraría que somos unos hipócritas que hace años dábamos lecciones a los demás”.

La ONU: “España está obligada a investigar”.
La declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1992 y la convención internacional para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada, que España ratificó en 2009, “impide expresamente la aplicación de la ley de Amnistía para estos delitos”, explica Ariel Dulitzky, uno de los enviados de la ONU. “España está obligada internacionalmente a no aplicar los efectos de la ley que impiden una investigación judicial. El poder judicial no puede presumir que han muerto sin investigar, y la prescripción no empieza a contar hasta que los familiares de la víctima saben su paradero”. Dulitzky cree que, tarde o temprano, España tendrá que enfrentarse al problema. “La demanda de justicia de las víctimas no va a cesar. Han pasado 70 años y las familias siguen ahí, pidiendo justicia, verdad y reparación”.
Fuente: El País.

martes, 1 de octubre de 2013

Sobrevivientes de trata cuestionan que la ONU proponga legalizar la prostitución

Lucy Westcott IPS

El largo debate sobre cómo regular el trabajo sexual llegó a un punto de ruptura entre la ONU y organizaciones que combaten la trata de personas. Estas creen que el foro mundial debe revisar su posición, reflejada en dos informes que promueven la despenalización de todos los aspectos de la prostitución.
“Cuando vimos los reportes nos preocupamos”, dijo Lauren Hersh, directora de la oficina neoyorquina de Igualdad Ya, que lidera la campaña pública lanzada la penúltima semana de septiembre.

“Es atroz que haya agencias de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) que reclamen mantener los burdeles”, declaró a IPS.

La coalición, integrada por 98 organizaciones, pide a la entidad multilateral que revise los informes, publicados el año pasado, para que reflejen las experiencias de sobrevivientes de la prostitución y para incluir una gama más amplia de puntos de vista sobre el impacto de legalizar la industria del sexo.

Los reportes en cuestión son dos. Uno de ellos, “Sex Work and the Law in Asia and the Pacific” (El trabajo sexual y la ley en Asia Pacífico), fue respaldado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (Onusida). El segundo, “El VIH y la ley: Riesgos, derechos y salud”, fue publicado por la Comisión Global sobre VIH y Derecho del PNUD.

Ambos se centran en reducir el VIH (virus de inmunodeficiencia humana) y la enfermedad que causa, el sida, protegiendo simultáneamente los derechos de quienes trabajan en la prostitución.

Las sobrevivientes de trata sexual dicen que es imperativo abordar la demanda que mantiene vivo el negocio de la prostitución, y que eso no está adecuadamente abordado en los informes.

Ante un pedido de declaraciones, un portavoz del PNUD señaló que los reportes examinan los problemas del trabajo sexual a través de los lentes específicos de la epidemia del VIH, y que condenan fuertemente el tráfico sexual.

“El PNUD defiende y promueve el respeto de los derechos humanos para todos, especialmente los más excluidos y marginados. El informe ‘Sex Work and the Law…’ distingue claramente entre trabajo sexual adulto consensuado y trata humana con fines de explotación sexual”, dijo el portavoz.

Fuentes del UNFPA y de Onusida dijeron a IPS que la declaración del PNUD refleja de modo preciso la posición de sus agencias.

Los estudios también proponen la despenalización de la industria sexual como una forma de promover la capacidad de las personas que se prostituyen de negociar el uso de condones. Pero Igualdad Ya señala que el apremio económico es el que ejerce presión para mantener relaciones sexuales sin preservativo, pues a menudo los clientes ofrecen más dinero para que así sea.

Si las mujeres son esclavizadas o controladas por un proxeneta, tienen menos capacidad de insistir en el uso de profilácticos.

En un comunicado, el PNUD señaló que la penalización del trabajo sexual aumenta la vulnerabilidad ante el VIH y limita el acceso a los preservativos y a los servicios de salud sexual.

Pero Hersh cree que “a menudo son los proxenetas y los clientes quienes dictan el uso de condones, porque las mujeres pueden obtener más dinero no usándolos”.

Hersh enfatizó que la coalición no intenta perjudicar los esfuerzos de la campaña contra el VIH/sida. Igualdad Ya lleva casi un año llegando a la ONU a través de canales internos, inclusive mediante el envío de una carta firmada por más de 80 organizaciones a Michel Sidibé, el director ejecutivo de Onusida.

La prostitución es legal en muchos países, entre ellos Suiza. Hace poco se instalaron en Zurich “cabinas sexuales” para promover la seguridad de las prostitutas. Pero la situación sigue siendo dura para hombres y mujeres en estados que legalizan o despenalizan la prostitución, según Igualdad Ya.

“Uno de los principales problemas es que los informes no incluyeron consultas a nuestros socios en el terreno, particularmente a organizaciones lideradas por sobrevivientes”, dijo Hersh a IPS.

Stella Marr, directora ejecutiva y cofundadora de la organización internacional Sex Trafficking Survivors United, es una sobreviviente de la explotación sexual. Fue cooptada a los 20 años y ejerció la prostitución durante una década.

“Si no abordamos la demanda, siempre habrá tráfico”, dijo Marr a IPS. Los informes de la ONU la “entristecen”, agregó.

Marr cree que la mejor solución es el modelo nórdico, que penaliza la compra de sexo pero despenaliza la práctica de la prostitución.

Ella abandonó la prostitución cuando un cliente le ofreció ayuda y un lugar seguro para vivir durante dos años. No conoce a nadie más a quien le haya ocurrido algo así.

“El hecho de que yo haya salido no significa que fui fuerte. Fui afortunada”, dijo Marr.

Las voces de las sobrevivientes de la industria del sexo no se escuchan tan fuerte como las de quienes siguen en la actividad, por la vergüenza que las persigue, dijo Rachel Moran, integrante y fundadora de Survivors of Prostitution-Abuse Calling for Enlightenment (SPACE) International, que fue prostituida entre los 15 y los 22 años.

Otra faceta de los informes que Igualdad Ya quiere abordar es la definición de “trata” que da la ONU. En el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, del foro mundial, los estados miembro acordaron una definición amplia, que refleja una variedad de experiencias vividas por sobrevivientes de la explotación sexual.

Los informes de la ONU de 2012 recomiendan acotar y reelaborar la definición, lo que podría significar que muchas personas que fueron sometidas ya no sean consideradas víctimas y que los traficantes no sean responsabilizados.

“Entiendo que es difícil… Hay que tener una manera de ayudar a la gente a salir de esa vida”, dijo Marr.

“Necesitan ser reconocidas como víctimas de trata… No creemos que nadie lo elija”, añadió.

Con todo, Igualdad Ya es optimista en relación a próximos documentos, y pone como ejemplo un estudio de Asia-Pacífico, recientemente lanzado por el PNUD, el UNFPA y ONU Mujeres, según el cual la compra de sexo en la región está fuertemente asociada a las violaciones y a la violencia sexual generalizada contra las mujeres.

Fuente: http://www.ipsnoticias.net/2013/09/sobrevivientes-del-trafico-sexual-cuestionan-a-la-onu/

La ONU insta a España a juzgar las desapariciones del franquismo. Enviados de Naciones Unidas piden al Gobierno un plan estatal de búsqueda de fusilados


miércoles, 25 de septiembre de 2013

Víctimas del franquismo piden a la ONU investigar los crímenes de la dictadura

Unos 150 afectados se concentran en Madrid antes de reunirse con el Grupo de Desapariciones Forzadas de la ONU


"Fosas cerradas, heridas abiertas". Esa era una de las consignas que gritaban las 150 personas reunidas el martes por la tarde en la plaza de Neptuno de Madrid, frente al hotel NH. Era el grito de Gregorio Rodrigálvarez, que quiere encontrar los restos de su padre, fusilado en 1936. También el de Víctor Díaz, encarcelado nueve años por haber participado en una huelga en 1962. Hasta el del historiador británico Ian Gibson, a quien los asistentes no dejaban de saludar y de felicitar por sus obras publicadas sobre la Guerra Civil y la dictadura franquista.
La concentración se ha organizado con motivo de la visita del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, cuya intervención fue solicitada en 2012 y que, un año después, se encuentra alojado en el céntrico hotel madrileño para entrevistarse con los juristas y víctimas de crímenes franquistas y familiares de bebés robados. Este martes ha sido el turno de los afectados, representados por la Plataforma Comisión de la Verdad, una agrupación que aglutina un centenar de asociaciones de afectados. Sus principales reclamaciones son que se cree una Comisión de la Verdad y que las Naciones Unidas insten a España a abrir las fosas comunes e investigar los casos de bebés robados. A día de hoy, se calcula que existen entre 130.000 y 150.000 desaparecidos, según datos de la Plataforma. Los niños robados, según la estimación que el juez Garzón dio en su momento, asciende 30.000.
"Las comisiones de la verdad son instrumentos que la ONU ha desarrollado en más de 40 países que han vivido situaciones de conflicto durante mucho tiempo y ha habido miles de víctimas", explicaba Jaime Ruiz, representante de la Plataforma Comisión de la Verdad, en medio de una algarabía en la que se distinguen eslóganes como "Tenemos memoria, queremos justicia" y "Hay que juzgar el franquismo criminal". "Estas facilitan que se pueda encontrar una vía de solución como ya ha ocurrido en Chile, Argentina, Sudáfrica y, el último caso, en Guatemala con Rios Montt".
Con un grueso mamotreto entre las manos, Ruiz explica que ese es el dossier que van a entregar a la comisión, que en los próximos días visitará Barcelona, Sevilla y Bilbao, con información sobre 2.500 fosas comunes que hay en España. "Hubiera sido preferible que la justicia española hubiera afrontado este asunto, pero esas puertas hoy están cerradas. El Gobierno ha dejado sin presupuesto la ley de memoria histórica, ha cerrado las oficinas de atención de las víctimas y desde que se dictó la condena contra el juez Garzón, todos los juzgados han archivado las querellas que hemos interpuesto, que han sido más de 70", denuncia. "El Estado no está haciendo su deber con los muertos de la guerra, y es una vergüenza. Si desde fuera puede venir alguna ayuda para que se reconozcan los derechos de las víctimas, será miel sobre hojuelas", añade Gibson.
La concentración tiene lugar el mismo día en que la Fiscalía anuncia que no tiene intención de detener a los tres torturadores de víctimas franquistas que la justicia argentina reclamó la semana pasada porque, según ha justificado, son crímenes prescritos y sus autores se acogieron a la Ley de Amnistía de 1997. La decisión ha inflamado los ánimos de los manifestantes. "Es una falacia", critica Ruiz. "La ley de amnistía es preconstitucional, no hace referencia a esos delitos, y además los crímenes de guerra nunca prescriben ni están limitados al territorio nacional. No se puede decir que han prescrito delitos de desaparición forzada porque estos solo se resuelven cuando aparece la víctima o cuando se identifica, se averigua qué le ocurrió y quién pudo ser el responsable de su desaparición y muerte", argumenta....
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  • Argentina abre sus consulados para las víctimas del franquismo
  • La fundación de Garzón lanza un vídeo sobre los desaparecidos
  • Justicia a 10.000 kilómetros del crimen
  • La policía espera la orden para detener a los torturadores que reclama Argentina
  • Argentina pide la detención de cuatro torturadores del franquismo

  • MÁS INFORMACIÓN FFuente: El País.


    lunes, 9 de septiembre de 2013

    Lo que no puede ser visto debe ser mostrado. (That which cannot be seen must be shown) -

    Contempla aquí el vídeo en este enlace: http://vimeo.com/34218157

    Lo que no puede ser visto debe ser mostrado. Es un documental sobre la memoria de la Transición construido a partir de ciertas producciones del cine militante que contradicen las imágenes oficiales que han elaborado nuestra memoria del final del franquismo y del inicio de la democracia.
    "Desde el deber de la memoria", en palabras de Primo Levi, María Ruido aborda la construcción de la memoria histórica del estado español, pero su aproximación no se basa en los testimonios registrados, sino en la constatación de la falta de imágenes sobre determinados acontecimientos o problemáticas.

    La oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pilay, ha pedido al Estado español la derogación de la ley de amnistía de 1977 porque incumple la normativa internacional en materia de derechos humanos. "España está obligada, bajo la ley internacional, a investigar las graves violaciones de los Derechos Humanos, incluidas las cometidas durante el régimen de Franco, y a procesar y castigar a los responsables si todavía están vivos", ha afirmado el portavoz de Pillay, Rupert Colville, durante una rueda de prensa en Ginebra.
    Además, según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, existe un deber hacia las víctimas, que tienen "derecho de reparación". Colville ha recordado que, conforme a una recomendación de 2009 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, "España debe derogar su ley de amnistía, puesto que no es conforme con las leyes internacionales de derechos humanos". Dicha recomendación, elaborada por 18 expertos de la organización internacional, toma como base el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político, ratificado por el Estado español en 1985.

    martes, 23 de octubre de 2012

    La ONU condena duramente la política de vivienda del Estado español

    Informe anual de la "Relatora Especial sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada de Naciones Unidas"

    El pasado jueves -18 de octubre- se hizo público, a través de la web del Alto Comisionado de Naciones Unidas, el informe anual de la Relatora Especial sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada de Naciones Unidas, Raquel Rolnik. Este año la Relatora ha centrado su informe en el análisis del impacto que la financiarización de la vivienda está teniendo sobre el derecho a una vivienda adecuada. El informe se presentará oficialmente en la Asamblea Anual de la ONU que se realizará el próximo 29 de octubre en Nueva York.

    El informe es demoledor, y concluye que las políticas de los últimos años que han priorizado el acceso a la vivienda en régimen de propiedad a través de hipotecas se han demostrado un absoluto fracaso y han llevado a la vulneración sistemática del derecho a una vivienda adecuada. En particular, el informe destaca al estado español como ejemplo negativo de esa política fallida, que ha llevado a la ruina a cientos de miles de personas, a través de 400.000 ejecuciones hipotecarias desde 2007. Así, el informe señala que "El paradigma que consideraba la propiedad de la vivienda como la forma de tenencia más segura ha resultado ser falso, dado que uno de los principales resultados de las crisis recientes ha sido el aumento de las ejecuciones hipotecarias, como en España" (pág. 11).

    Entre otras cosas, el informe también denuncia con contundencia las políticas de austeridad que están perjudicando al conjunto de la población y vulnerando aún más el derecho a una vivienda digna, a la vez que "se asignan enormes cantidades de recursos públicos para el rescate de instituciones financieras" (pág. 12).

    El análisis de la Relatora concluye con algunas recomendaciones, pidiendo que "se modifique el paradigma, pasando de las políticas basadas en la financiarización de la vivienda a un enfoque de estas políticas centrado en los derechos humanos" (pág. 24). Para ello "los estados deben promover alternativas a la política de vivienda basada en el crédito privado y la propiedad" a través de "viviendas sociales de alquiler y otras formas de tenencia colectiva e individual", así como "promover una combinación de sistemas de tenencia, incluidos un sector inmobiliario público que no se rija por los mercados liberalizados y sistemas de alquiler con rentabilidad limitada o alquileres regulados, para prevenir la exclusión y segregación social" (pág. 25). También "deben crearse marcos jurídicos e institucionales para garantizar la seguridad de la tenencia en sus distintas formas, incluido el alquiler".

    Vamos, lo contrario de lo que ahora mismo está haciendo el gobierno español que insiste en querer reanimar el modelo de la burbuja inmobiliaria, a través de políticas tan nefastas como el banco malo, la reforma del alquiler para hacerlo aún más inseguro y la agilización de los desahucios.

    Recordamos que en marzo de 2012 la Relatora Raquel Rolnik visitó Barcelona, invitada por el Observatori DESC, y tuvo ocasión de encontrarse con decenas de familias afectadas por la hipoteca de distintas PAH's (ver video).

    Tras ese encuentro, también se le hizo entrega del libro de la PAH, Vidas Hipotecadas, que la Relatora cita en su informe en más de una ocasión. De hecho, la Relatora agradeció la información proporcionada por la PAH y lamentó los pocos datos oficiales disponibles en el estado español respecto a la problemática. 

    Podéis descargar el informe completo al final del siguiente enlace : http://afectadosporlahipoteca.wordpress.com/2012/10/18/naciones-unidas-recoge-las-denuncias-de-la-pah-y-condena-duramente-la-politica-de-vivienda-del-estado-espanol/

    miércoles, 22 de agosto de 2012

    Inventar el futuro

    Debemos firmar una Declaración Universal de la Democracia para legar un mundo sin miedos ni guerras.

     Hay momentos, muy pocos, en los que, de pronto, el cambio es posible. Durante siglos, los seres humanos han vivido atemorizados y obedientes al poder absoluto de unos cuantos hombres. Durante siglos, la ley del más fuerte: “si quieres la paz, prepara la guerra”. Historia ensangrentada, donde la paz es tan solo una pausa, donde la creatividad humana es simple destello. Siglos y siglos de silencio, de sumisión. Siglos y siglos al cabo de los cuales las asimetrías sociales y la pobreza extrema predominan en una Tierra que también, con influencia de la actividad humana, se deteriora.

     Y siglos más recientes con predominio de unos imperios a escala global.

     Décadas cercanas en las que, por fin, se “escucha” al pueblo y se acepta que de él emane todo poder… que sigue siendo masculino en su inmensa mayoría, y sigue basado en la fuerza, un poder que “cuenta” a los ciudadanos en los comicios electorales, pero después no los toma en cuenta permanentemente, que en esto consiste la democracia.

     Si contemplamos hoy el mundo en su conjunto veremos, con loables excepciones, que seguimos siendo súbditos, que los mecanismos que asegurarían una participación real no funcionan, no son atendidos… Los últimos estertores del capitalismo están produciendo, en la debacle ética de Occidente, no solo desgarros sociales muy graves y que va a ser difícil recomponer, sino también deslocalizaciones productivas donde la gente sigue sometida y trabaja en condiciones insoportables.

     Vivimos pendientes en Occidente y, sobre todo en Europa, de las fluctuaciones de los valores bursátiles (los morales ya no existen) y de las primas de riesgo, al mismo tiempo que quienes controlan los pozos de petróleo y la mayoría de los medios de comunicación procuran que nuestro fanatismo deportivo y nuestros sentimientos de afiliación vayan supliendo cualquier otro sentimiento y reacción, y se desdibujen los auténticos grandes desafíos como los que afectan al medio ambiente, a la salud, etc. Contemplamos impasibles como los “mercados” llegan a la desfachatez increíble de nombrar gobiernos en la propia cuna de la democracia, Grecia, y en Italia. Y no pasa nada. Vemos como el Banco Central Europeo obedece a los intereses de un solo país sobre 27… y no pasa nada.

     Dejamos que el poder se halle en muy pocas manos y que sean ellos quienes, en último término, decidan… Y la gente, los pueblos, en medio de un despliegue mediático inverosímil, siguen distraídos, indiferentes, desapegados del acontecer político y sus protagonistas —¡a los que “suspenden” en todas las encuestas!— interesados tan solo en los más goleadores, en los “detalles” de las noticias más espectaculares,… Más en El País. (FEDERICO MAYOR ZARAGOZA 21 AGO 2012)