Mostrando entradas con la etiqueta PAH. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta PAH. Mostrar todas las entradas

lunes, 6 de noviembre de 2017

Entrevista al sociólogo y documentalista francés, Quentin Ravelli. ‘Ladrillos’ (Bricks): Un vistazo francés al momento español


La Vanguardia

Investigador del CNRS francés y también autor de dos novelas, Quentin Ravelli, nacido en París hace 35 años, publicó hace dos un ensayo sobre la industria farmacéutica (La strategie de la bactérie). El procedimiento fue examinar la concepción y comercialización de los medicamentos ingresando como empleado en una gran empresa del sector. Con Bricks (Ladrillos en inglés), Historias de una España en crisis, este polifacético sociólogo ha hecho su primera película. El método ha sido similar; documentar, mediante una inmersión, el paisaje social de la burbuja inmobiliaria desde las mismas fábricas de ladrillos de Castilla, hasta la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH).

Bricks, que se estrenó ayer (18-10-17) en París, es un buen documental sobre las realidades de los movimientos sociales en España y de sus tan ibéricos latidos, antes de que el país -y con él quizás sus movimientos- se enfundara en banderas nacionales. El documental ha venido acompañado de un pequeño libro-reportaje y es resultado de tres años de viajes a España, uno de ellos fijo en Madrid. Ravelli se muestra fascinado por el movimiento social español. En esta entrevista, en un bar del distrito XX de París, se reflejan analogías y comparaciones entre los momentos francés y español.

Seguir leyendo:
http://www.lavanguardia.com/cultura/20171019/432179224241/quentin-ravelli-bricks-francia-espana.html

domingo, 30 de julio de 2017

La ONU se pronuncia sobre el desalojo de una familia con dos menores que vivía en una habitación de alquiler. La ONU condena al Estado español por la vulneración del derecho a la vivienda


Enric Llopis


El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas ha condenado al Estado español por vulnerar el derecho a la vivienda, según establece un dictamen emitido el pasado 20 de junio. La ONU considera que las autoridades estatales (incluido el Gobierno de la Comunidad de Madrid) incumplieron con las obligaciones de garantizar una vivienda alternativa a una familia desahuciada, en octubre de 2013, en el barrio madrileño de Tetuán. Los cuatro miembros de la unidad familiar fueron desalojados de la habitación en alquiler donde residían, tras el proceso judicial iniciado por la arrendadora. En el apartado final de recomendaciones, Naciones Unidas recuerda que el Estado español tiene la obligación de proporcionar a los afectados una reparación efectiva. Así, tras evaluar la situación actual de las víctimas, en caso de que éstas no cuenten con una vivienda adecuada, tendrá que otorgarles una vivienda pública o adoptar una medida de similares características; y además, apunta el dictamen, concederles una compensación económica “por las violaciones sufridas”.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales implica obligaciones para los estados firmantes. Así, el Comité de la ONU insta al Estado español a garantizar que en los procesos judiciales por desahucio de inquilinos, los demandados puedan oponerse o presentar un recurso. Incluso va un punto más allá. Pide la adopción de medidas para que los desalojos de personas sin recursos sólo se ejecuten tras una consulta “genuina y efectiva” con los afectados; y de que el Estado haya “realizado todos los pasos indispensables, hasta el máximo de sus recursos disponibles”, para que las personas desahuciadas cuenten con una vivienda alternativa. El dictamen también exhorta a que el Gobierno desarrolle, en coordinación con las comunidades autónomas “y hasta el máximo de los recursos disponibles”, un plan que garantice el derecho a la vivienda adecuada de las personas con escasos recursos.

Los hechos evaluados por Naciones Unidas tienen como protagonistas a dos ciudadanos de nacionalidad española, Mohamed Ben Djazia; y argelina, Naquel Bellili, matrimonio que contaba con dos hijos de uno y tres años en el momento del desahucio (los dos tendrían derecho a una protección especial). Según la información que aportaron al Comité de la ONU los denunciantes, Mohamed Ben Djazia vivía en una habitación de alquiler en un piso de Madrid desde 1998, a la que se trasladó Naquel Belilli en 2009. Ambos abonaban la renta mensual del alquiler. Durante una década, el primero presentó trece solicitudes para acceder a una vivienda social del Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid (IVIMA), sin resultado alguno. Además, hasta el 21 de junio de 2012 percibió el subsidio de desempleo. Pero al carecer de ingresos familiares, cesaron en el pago del alquiler durante los meses siguientes, de modo que la arrendadora les anunció que no prorrogaría el contrato. En ese momento (agosto de 2012), la familia no disponía de recursos ni alojamiento alternativo, por lo que permanecieron en la habitación.

En noviembre de 2012 la arrendadora presentó una demanda de juicio verbal de desahucio ante el Juzgado de Primera Instancia Número 37 de Madrid, que ordenó el desalojo el nueve de julio de 2013. Ante la orden de expulsión, la familia afectada pidió al juzgado que reiterara los oficios emitidos a los Servicios Sociales autonómicos y municipales; y se requiriera tanto al Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) como a la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) a que le proporcionaran una vivienda, después de más de una década de solicitudes. Las víctimas agotaron las vías legales. En septiembre de 2013 plantearon un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y una petición de medidas cautelares, además de una solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Según consta en el relato de los denunciantes, los dos tribunales rechazaron las peticiones. El tres de octubre de 2013 se produjo finalmente el desahucio. Los afectados pasaron entonces diez días en un albergue municipal, y otros cuatro en el automóvil familiar.

El caso fue denunciado ante Naciones Unidas por el Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES). Uno de los argumentos esgrimidos fue que mientras la Comunidad de Madrid desatendió las solicitudes de vivienda social de los afectados entre 1999 y 2011, redujo durante esos años el número de viviendas públicas, que incluso vendió a entidades privadas; de ese modo se produjo una disminución del parque disponible en un contexto de severa crisis económica, subraya el CAES, que se apoya en un el Informe de Amnistía Internacional “Derechos desalojados. El derecho a la vivienda y los desalojos hipotecarios en España” (junio de 2015). Así, la entidad argumenta que en 2012-2013 el IVIMA y otras entidades de la Comunidad de Madrid vendieron 2.935 casas y otras propiedades a sociedades-fondos de inversión privados; y lo hicieron supuestamente “por motivos de equilibrio presupuestario”. Otro de los razonamientos apunta a que el proceso judicial no respetó las debidas garantías.

En un comunicado conjunto emitido por el CAES y Amnistía Internacional, se resalta que el dictamen de Naciones Unidas “pone al descubierto la violación sistémica del derecho a la vivienda en España”. Ello ocurre cuando se produce un desalojo “sin garantizar alternativa habitacional”, señalan las dos entidades a partir del criterio seguido por la ONU. “Los desalojos no deberían dar lugar a que los afectados queden sin vivienda”, según las obligaciones contraídas por España como parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El CAES y Amnistía Internacional subrayan asimismo la especial atención que los estados deben prestar cuando los desahucios afectan a menores.

La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) se ha pronunciado en términos similares, a través de un comunicado con el siguiente titular: “El estado español comete violaciones de derechos humanos con cada desahucio sin alternativa habitacional”. Además, destaca que la condena se refiere a un desahucio por extinción de contrato de alquiler. El hecho no resulta baladí, ya que, según explica la nota informativa, “el Gobierno de España alegó que los alquileres entre particulares son ajenos a la responsabilidad del Estado; y también negó cualquier tipo de vulneración, llegando a afirmar que el mercado de alquiler no está sometido a las normas internacionales de Derechos Humanos”.

La cuestión del alquiler no es ajena a la propuesta de Ley de Vivienda de la PAH, que los grupos antidesahucios impulsan en una campaña iniciada el pasado 22 de marzo. Presentado ante los diferentes grupos parlamentarios, el texto incluye cinco medidas “urgentes”: dación en pago retroactiva, moratoria de los desahucios, garantía de luz, agua y gas para todos los hogares, un incremento del parque público por la “movilización” de los pisos vacíos en manos de la banca y la regularización de los precios del alquiler, a partir de experiencias como las de París y Berlín. La batalla por materializar la propuesta coincide con el balance de desahucios del primer trimestre de 2017, presentado por el Consejo General del Poder Judicial: el número de lanzamientos aumentó un 2,2% respecto al mismo periodo de 2016, hasta alcanzar los 17.055; de esta cifra, la mayoría (9.612) se derivan de la Ley de Arrendamientos Urbanos, mientras que 6.372 corresponden a ejecuciones hipotecarias.

Por otro lado, la PAH subraya el apoyo recibido el pasado nueve de junio por la antigua relatora de Vivienda de la ONU, Raquel Rolnik, durante su visita a Barcelona. Rolnik, que desempeñó esta responsabilidad durante seis años, hasta 2014, grabó un vídeo en el que respaldaba la campaña por la Ley de la Vivienda de la PAH. En un informe publicado en agosto de 2012 la entonces relatora, arquitecta y urbanista brasileña afirmaba que el mercado inmobiliario “está sujeto a la lógica financiera, por lo que no ha generado soluciones adecuadas para los pobres”. En otro punto del documento advertía que la financiación de la vivienda en los mercados generalizó las “burbujas” en los precios inmobiliarios, lo que apenas contribuyó al acceso de los sectores empobrecidos a viviendas adecuadas y asequibles. Raquel Rolnik apuntaba asimismo que en el periodo 1997-2004 el precio medio de la vivienda se incrementó un 149% en España, un 139% en el Reino Unido, un 187% en Irlanda, un 112% en Australia, un 65% en Estados Unidos y un 227% en Sudáfrica. El colectivo antidesahucios hace hincapié en que, al frente del cargo en Naciones Unidas, Raquel Rolnik ya defendió la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) hipotecaria promovida por la PAH en 2013.

viernes, 4 de noviembre de 2016

Una radiografía de los desahucios: pobreza, enfermedad y cuotas en ascenso

El 53,9% de las familias tienen que asumir una hipoteca superior a sus ingresos, según un informe del Observatori DESC basado en casos que han llegado a la PAH de Barcelona. El 10% de los hogares no ingresa nada. Un 49,5% de los encuestados sufren ansiedad.

El drama de los desahucios ha sido uno de los que más fuerza mediática ha alcanzado durante la crisis por su gravedad, pero también por la eficaz acción comunicativa y organizativa desarrollada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Precisamente esta organización ha sido la que ha permitido que el Observatori DESC haya podido elaborar, ante el déficit de datos oficiales, su informe Exclusión residencial en el mundo local: crisis hipotecaria en Barcelona 2013-2016. El texto es la conclusión de un trabajo desarrollado durante los últimos tres años en el que se han realizado entrevistas a casi un millar de personas que se han acercado a la PAH.

“Uno de los objetivos del informe es visibilizar los desahucios y el mal estado en el que se encuentra el derecho a la vivienda, pero también llenar el vacío de datos sobre la crisis hipotecaria”, explica Gabriele D’Adda, uno de los investigadores. Y estos son contundentes: el 90% de los impagos registrados se produjeron de 2010 a 2015, es decir, fueron causados directamente por la crisis económica. Los principales motivos -era una pregunta multirrespuesta- fueron, en un 68,1% de los casos, la pérdida del trabajo y el paso a una situación de desempleo y, en un 43,1%, la subida de la cuota hipotecaria. Un 32,1% alegó también como razón la cantidad de deudas contraídas y un 22,3% el divorcio o separación.

Los desahucios se han cebado con una clase social determinada, lo que se refleja, por un lado, en los barrios donde se concentra el mayor número de afectados, entre los que Sant Martí y Nou Barris se llevan la mitad. Por el otro, es significativo el dato de los ingresos netos mensuales por familia, que se sitúan en una media de 939 euros al mes, mientras que la cuota de la hipoteca alcanza, también de media, los 1.065 euros. Esto significa que el 53,9% de las unidades familiares tienen que asumir una cuota superior a sus ingresos. El 10% de los hogares estudiados no ingresa nada y el 7% sólo percibe entre 400 y 800 euros al mes. La situación se vuelve más dramática si se tiene en cuenta que más de la mitad de las familias con tres o más miembros no tiene ningún ingreso.

Las dificultades de las familias -de las que un 61,6% tienen al menos un menor- a la hora de pagar la hipoteca no sólo se viven en el momento de la ejecución hipotecaria. Un 24,8% de los hogares, una vez pagada la cuota mensual, se queda sólo con 400 euros para costear las necesidades básicas de sus miembros. Otros, un 7%, reciben ayudas para alimentar a su núcleo familiar por parte del Banco de Alimentos, de Cáritas o de la misma PAH. Con estos datos sobre la mesa, no resulta extraño que nueve de cada diez encuestados afirme que tiene dificultades para cubrir sus necesidades básicas, entre ellas la alimentación, el vestido o suministros. Todo esto acaba impactando de manera contundente la salud de los afectados, de modo que un 49,5% sufre ansiedad, un 33% depresión, un 17,8% insomnio y un 11% afirma que estas dificultades han provocado tensión familiar.

¿Quiénes son los bancos responsables de estas situaciones? El Observatori DESC también analiza esta cuestión, y entre ellos gana con diferencia Catalunya Caixa. “Un 40% de las hipotecas de los afectados son de esta entidad, que fue rescatada con fondos públicos”, recuerda Eduardo Salas, coautor del informe. “Si además sumamos al BBVA, que ha comprado Catalunya Caixa y se ha beneficiado también de la ayuda pública, la cifra sube al 50%”, añade. Después vendrían Bankia (con un 8% de las hipotecas de afectados), UCI (un 7%) y Banc Sabadell (un 7%). El 84% de estas hipotecas fueron firmadas en plena burbuja inmobiliaria, entre 2004 y 2007. En cuanto a los contratos, el informe destaca que “la mayoría de personas no sabían leer su contrato hipotecario, no conocían si contenían cláusulas o no abusivas”. Cuando llegan los problemas, también las faltas de respeto: el 36% de los encuestados asegura que ha recibido algún tipo de trato denigrante por parte del banco.


Fuente: http://www.lamarea.com/2016/10/26/una-radiografia-los-desahucios-pobreza-enfermedad-cuotas-ascenso/

jueves, 11 de julio de 2013

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca presenta un manual con los pasos a seguir para realojar a familias desahuciadas

Pau Rodríguez, eldiario.es

Solo en Cataluña, más de 600 personas, repartidas en 12 edificios, han recuperado ya un techo gracias a la llamada Obra Social de la plataforma de afectados por la hipoteca. El documento recomienda buscar las máximas complicidades una vez hecha pública la ocupación... La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha difundido desde Barcelona un documento en el que detalla todo el proceso que se debe seguir para realojar a las familias que han sido víctimas de desahucios y qué hay que hacer para, tras la ocupación de una vivienda, acabar consiguiendo un alquiler social, el objetivo final de estas acciones. El manual, pensado para facilitar el trabajo a las diferentes plataformas de todo el Estado, contiene información legal para favorecer a los realojados, modelos de documentación para solicitar ayuda a Administraciones y vecinos, o el perfil de edificios más adecuados para esta finalidad.

Solo en Cataluña, cuyas plataformas han sido pioneras en lo que ha pasado a llamarse Obra Social de la PAH, se han ocupado un total de 12 edificios, que dan cobijo a más de 600 personas. En algunos casos se ha conseguido el alquiler social, como sucedió en Terrassa con un bloque de CatalunyaCaixa, y en Sabadell, por ejemplo, la juez llegó a denegar el desahucio de un edificio de 40 viviendas ocupadaspor considerar que prevalecía el uso social del inmueble. Ahora la intención de las plataformas catalanas es "exportar el modelo", en palabras de Ada Colau, una de las portavoces, aunque ya en otras zonas del Estado, como Andalucía, se están llevando a cabo estas ocupaciones.

La fase previa: con discreción escoger el edificio adecuado

El manual de la PAH establece los criterios que habría que tener en cuenta antes de entrar en el bloque. En primer lugar, que las familias en cuestión hayan "agotado todas las vías antes de llegar al desahucio", y que puedan acreditar mediante documentos su situación de necesidad. Entonces, con ayuda de los vecinos y de la PAH, pero en un grupo reducido -sin dar demasiados detalles-, se debe buscar el edificio.

Según la PAH, el bloque de pisos idóneo para este objetivo debe ser de obra nueva, propiedad de una entidad financiera -si puede ser nacionalizada- y que lleve tiempo totalmente vacío. En este sentido, la plataforma recomineda comprovar in situ que no vive nadie en el inmueble. Para saber a qué entidad financiera pertenece, la PAH explica que hay que acceder al Registro de la Propiedad del municipio.

La ocupación: de la discreción a la máxima visibilidad

En su documento, la PAH contempla tanto los realojamientos en grupo -la mayoría de los que se han producido- como los individuales -a menudo la reocupación de la propia vivienda-, pero para ambos prevé protocolos similares de ocupación. Principalmente dos: ocupar tras una manifestación, aprovechando la "legitimidad social" de la PAH, en sus propios términos, o hacerlo a escondidas, con el apoyo de un grupo reducido.

A nivel legal, en ambas situaciones se recomienda "reivindicar públicamente la acción" una vez consumada, para que no se considere un robo. Se trata de una estrategia para dar visibilidad a la ocupación que tiene en cuenta tres flancos: informar a la policia y a las administraciones, mediante carteles y documentos colgados a la puerta; avisar a todos los vecinos y entidades para conseguir el máximo apoyo, y enviar un comunicado a la prensa. Para todos estos casos la PAH tiene modelos de documentos colgados en su página web.

En caso de que aparezca la policía al poco tiempo, la plataforma aconseja que uno de los nuevos inquilinos se identifique, básicamente para que pueda acceder a la información de posibles desalojos.

Una vez consolidada: a por el alquiler social

La rápida campaña de proyección pública tiene como objetivo presionar a la entidad financiera propietaria para que acceda a negociar con los realojados. Durante este proceso, la PAH recomienda enviar cartas a ayuntamientos y al Colegio de Abogados, y seguir dando visibilidad a la situación "para legitimarla". "El alquiler social nunca debe superar el 30% de los ingresos de las familias", detalla la plataforma.

Paralelamente, el manual aporta información sobre cómo dar de alta los suministros y avisa de la importancia de que las familias se empadronen en su nueva vivienda, para que tengan acceso a los centros médicos o a las escuelas.

"De la burbuja a la Obra Social"

La presentación de este protocolo es la enésima campaña de la PAH para dar respuesta a una "situación de emergencia habitacional generalizada", como expresa Colau, que la Administración no ha solucionado "pese a haber recibido más de un millón de firmas en forma de ILP", ha añadido Guillem, uno de los activistas del colectivo. Precisamente ayer la plataforma hizo públicos datos de un estudio -que se publicará integro en septiembre- que revelan como uno de cada tres afectados llegó a destinar todos los ingresos familiares a pagar la hipoteca, o como más del 80% de los afectados no tienen alternativa habitacional a su casa en caso de desahucio.

Durante la presentación del manual, la PAH ha dufundido un vídeo didáctico e ilustrativo sobre el proceso que ha llevado a la creación de la pataforma y posteriormente al nacimiento de la Obra Social.

Fuente: http://www.eldiario.es/catalunyaplural/PAH-presenta-realojar-familias-desahuciadas_0_151885043.html

viernes, 7 de junio de 2013

Indignación en el PP español por el galardón europeo a la PAH

El premio se decidió por unanimidad, con el sí de dos eurodiputados populares


“Hoy ha sido Ada Colau. Mañana nos pueden traer a Arnaldo Otegi y, con el voto de la izquierda, darle un premio”. Así reaccionó este jueves el eurodiputado español del PP Carlos Iturgaiz a la concesión del premio Ciudadano Europeo 2013 a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Tras hacer estas declaraciones a Radio Nacional, Iturgaiz dijo estar en contra de la concesión del premio a una “organización violenta”; y tanto él como la jefa de la delegación del PP en la Eurocámara anunciaron que tratarían de que se revocara una decisión que fue tomado por unanimidad entre los cinco miembros del jurado, entre los que se encontraban dos eurodiputados del PP Europeo.

La PAH, que ha recibido el premio junto con la Euskaltzaindia o Real Academia de la Lengua Vasca, ha sido tachado en numerosas ocasiones por líderes del PP como nazi o terrorista por los escraches o protestas que organiza frente al domicilio de líderes políticos para presionarles para que cambien la ley hipotecaria española que ha permitido decenas de miles de desahucios en los últimos años.

“La decisión [de conceder el premio a la PAH] fue unánime. No hubo ni siquiera discusión”, señala a este periódico Enrique Barón, miembro del jurado y presidente socialista del Parlamento Europeo entre 1989 y 1992. "Lamentamos que el único español presente en el jurado, el señor Enrique Barón no haya impedido la concesión del premio a la PAH, una plataforma que se ha caracterizado por la utilización de la intimidación y la violencia, métodos, que no representan en absoluto los valores europeos que pretende destacar el premio del Parlamento Europeo”, señala en un comunicado el grupo popular. Pero además de Barón, votaron también el expresidente de la Eurocámara y actual diputado Hans-Gert Pöttering (del PP europeo), los vicepresidentes del Parlamento Othmar Karas (popular) y la socialista Anni Podimata y el presidente del Foro Europeo de la Juventud, Peter Matjasic.

La candidatura de la PAH fue presentada por los eurodiputados verdes Raül Romeva y Ana Miranda y por el de Izquierda Unitaria Willy Meyer. La Eurocámara concede el premio Ciudadano Europeo desde 2008 “a personas u organizaciones excepcionales que luchen por los valores europeos, promuevan la integración entre ciudadanos y los Estados miembros o faciliten la cooperación transnacional en el seno de la Unión, y a los que día a día tratan de promover los valores de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE”.

La portavoz de la PAH, Ada Colau, dijo que la concesión del premio debería hacer rectificar al PP. Colau, en declaraciones a Efe, dijo que el galardón es “especialmente importante” en un momento en el que el Gobierno del PP no quiere recoger las peticiones de la Plataforma. “Pero además, el PP ha intentado desviar la atención del problema de los desahucios y de la vivienda con una campaña para desacreditar y criminalizar a la PAH, llamándonos nazis y terroristas”, añadió. Fuente: El País.